El problema autonómico que vulnera los derechos sexuales y reproductivos

bloque de libros de educación sexual con manzana con símbolos masculino y femenino
A pesar de tener una ley orgánica estatal que intenta unificar las políticas de salud sexual y reproductiva y garantiza un acceso universal a los servicios, la realidad es muy diferente. La educación sexual va a ser mejor o peor dependiendo de la Comunidad Autónoma en cuestión.

Las competencias sobre salud son de las Comunidades Autónomas, y la salud sexual por tanto, forma parte de ellas. Esto quiere decir que cada región dispone sus recursos y ejecuta la Estrategia de Salud Sexual nacional como quiere. Pero al final pocos han entendido que estamos hablando de derechos, que la LO 2/2010 de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, como ‘ley orgánica’ está salvaguardando y asegurando derechos fundamentales y libertades garantizadas por nuestra Constitución. Que si hablamos de derechos, no puede ser que en una Comunidad Autónoma se estén haciendo políticas para cumplirlos y en otra no.

Esta ley, lejos de entenderse como un derecho que deben garantizarnos, siempre ha estado sujeta a la voluntad política de quienes creen en ella y de los que no. No es discutible si la cumples o no, es de obligado cumplimiento.

La misma legislación regula la interrupción voluntaria del embarazo por la Seguridad Social. Aquí ocurre lo mismo, cada CCAA regula su propio acceso al aborto. Si bien los plazos máximos son los mismos, no va a ser igual el proceso ni la atención recibida.

La Comunitat Valenciana tiene una de las mejores políticas de salud sexual y reproductiva

El artículo 5 de la LO 2/2010 dice que los poderes públicos garantizarán la información y la educación afectivo sexual y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo. Sin embargo, se han escudado en el término ‘libertad de cátedra’ para no acatarla, especialmente los colegios concertados o privados de índole religiosa. Esto hace que según el centro educativo al que vayas, tendrás mejor o peor educación afectivo-sexual. Esta desinformación repercute de forma negativa en la vida de los jóvenes cuando se inician en las relaciones sexuales, entre otras muchas consecuencias.

Y de otra parte, como cada Comunidad Autónoma dedice qué políticas de salud sexual realiza, cada una tiene su propio funcionamiento. Las más punteras son estas:

  • La Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de la Comunitat Valenciana 2017-2021 es la más actualizada hasta la fecha. Ha adelantado a los 12 años la edad para recibir educación sexual, y eso es una buena noticia, pues está demostrado que cuanto más temprana sea, más saludablemente se vivirá la sexualidad en el futuro.
    • La Comunitat Valenciana también financia en su sistema sanitario público los anticonceptivos de larga duración, como el implante subdérmico o el DIU.
    • También han implantado mejoras en la detección de enfermedades de transmisión sexual como el VIH o el virus del papiloma humano.
  • Cataluña tiene un programa llamado ASSIR (Atención a la Salud Sexual y Reproductiva) que abarca tanto atención integral a jóvenes como el trabajo en los colegios e institutos a través de profesionales de la enfermería que imparten talleres.
  • La Comunidad de Madrid tiene un programa bastante amplio que trabaja un gran rango de temáticas de salud sexual, incluyendo la violencia de género. Se imparte en 18 centros municipales especializados, siete de ellos además hacen pruebas rápidas de ITS. Actualmente están trabajando en un programa educativo para llevarse a cabo en las escuelas. Así mismo, financian más de 2 millones de preservativos al año, distribuyéndolos en puntos jóvenes.
  • País Vasco es la que más dinero a salud destina en sus presupuestos, por lo que la salud sexual se ve beneficiada.

Por el contrario, un ejemplo de recortes graves en este campo ha sido Andalucía, la cual hace tiempo lideraba la subvención de anticonceptivos. Ahora solo financia alguna píldora y el DIU, y hace años dejó de financiar los preservativos.

Este abanico de políticas, como se puede observar no es nada homogéneo, destacando esas diferencias en el acceso a anticoncepción gratuita. Esto desemboca en un problema muy grave, ya que esta desigualdad al final acaba discriminando especialmente a quienes tienen escasos recursos y no pueden costearse algo tan básico como lo es la prevención de embarazos no deseados. Hace falta unificarlos a nivel nacional para que todo el mundo, sea de donde sea, pueda disponer de lo mismo.

Aquí podrás leer el informe ‘Acceso a las Mujeres a la Anticoncepción en las Comunidades Autónomas‘ de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) para ver las diferencias que existen.

 

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